The ITF (International Transport Workers’ Federation) today demanded the president of Guatemala reinstate protection for a dock workers’ union leader whose life is in danger – and challenged the president over the behaviour of the government mediator that he has personally approved to oversee the possibility of a new operator taking over the concession for part of the port of Puerto Quetzal.
The ITF has acted following an attack on the family of Lázaro Ramos, who is secretary general of the ITF-affiliated STEPQ (Sindicato de Trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal) union. One of his predecessors, Pedro Zamora, was killed by hired gunmen in 2007. The death threats that had preceded that killing were immediately directed towards Ramos. Following interventions and investigations by the ITF, police protection was provided for Ramos. Despite continuing threats it was removed this year, then reinstated at the request of the International Labour Organization (ILO) – but only in the form of one guard. This left Ramos’s family open to attack; an attack which happened on 14 November, when armed assailants broke into a relative’s house a few steps from his. They boasted that they were acting on orders “from above” and displayed a photo of Ramos to make clear who their ultimate target was.
STEPQ and the ITF believe that this latest assault is linked to attempts to have the union abandon its lawful resistance to part of the port being privatised and handed over to the Spanish company TCB (Barcelona Container Terminal). Legally this privatisation could not happen while the union maintains a court case that it is unconstitutional and unlawful. In September the government-appointed mediator told Ramos that he could have “anything he wanted” if his union would abandon the case. He also said that the offer was authorised by the Guatemalan president, Otto Pérez Molina.
The ITF has previously spearheaded the attempts to protect Pedro Zamora’s family and colleagues. Under pressure from the ITF and the ILO the government instituted investigations into the 2007 murder, but these failed to prosecute the murderers or those who ordered the killing.
ITF acting general secretary Steve Cotton has today sent the following letter (in Spanish) to the Guatemalan president:
Señor Presidente:
Stephen Cotton, Secretario General en Funciones de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), que afilia aproximadamente a 5 millones de trabajadores, representados en 706 organizaciones sindicales, de 154 países; nos dirigimos a usted para manifestarle lo siguiente:
Observamos con gran preocupación que a pesar de que en tiempo y forma, le hemos comunicado de las acciones represivas implementadas en contra del Secretario General del “Sindicato de Trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal” (STEPQ), inclusive el retiro de la seguridad que originalmente le había sido asignada desde comenzó a recibir amenazas de muerte y desde que fue evidente que como resultado de la lucha para evitar la privatización obscura e ilegal de la Empresa Portuaria Quetzal, el entonces Secretario General de STEPQ Pedro Zamora fue arteramente asesinado, crimen que hasta ahora, continua sin resolver posiblemente para esconder intereses obscuros, hasta ahora nada ha sido hecho para garantizar los derechos y la seguridad del actual Secretario General de STEPQ Sr, Lázaro Reyes, conforme a nuestro Oficio de fecha del 9 de Septiembre del presente año que hasta ahora no ha sido respondido.
Afortunadamente en esa ocasión, y gracias a la intervención de una renombrada funcionaria de la OIT, fue reasignado uno de los efectivos de seguridad para el Sr. Lázaro Ramos .Sin embargo lo anterior, el día 14 de noviembre, nuevamente fueron efectuadas amenazas de muerte en contra del Sr. Lázaro Ramos, sólo que en esta ocasión fueron físicas agrediendo física y moralmente a su cuñada para que le dieran el mensaje que había orden “de arriba”. Le anexamos las denuncias presentadas ante la policía.
Lo anterior es altamente preocupante, no solamente porque es coincidente con las propuestas no lícitas efectuadas por el interventor de Puerto Cortes, Sr. Allan Marroquín, en “nombre” de Usted Señor Presidente, sino además porque al pasar de agresiones de carácter oral a físicas y habiendo víctimas que han sido agredidas, pasa de simples denuncias de amenazas a delitos de agresión y amenazas de muerte.
Entendemos que hayan intereses económicos que intentan quedarse con la concesión del puerto, y que ante la falta de la ilegalidad, demostrada por los procesos legales interpuestos por el Sindicato, tal tentativa haya sido transformada por la concesión para la construcción de una terminal privada, pero creemos que en algún momento alguien se debería de preguntar si es honesto y si vale la pena violentar tantas leyes y cometer tantos crímenes simplemente para beneficiar a una empresa extranjera. Creemos que igualmente cualquier empresa extranjera en esas condiciones debería de analizar si mancharse las manos de sangre vale la pena para construir una terminal portuaria.
Esperamos que los próximos pasos no sean ni intentar efectivar las amenazas de muerte “de arriba”, ni interferir en la justicia para invalidar el proceso identificado con el número 011732012-04959, conflicto de carácter jurídico en juicio ordinario laboral, el cual está asignado al Juzgado Quinto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, porque ello daría una clara e irrefutable evidencia de que efectivamente se trata de crímenes de Estado, para favorecer intereses económicos extranjeros.
No es justo ni coherente con el respeto de los derechos humanos de los Ciudadanos y Ciudadanas de Guatemala, que ante las denuncias concretas de ilícitos cometidos por sus funcionarios, de crímenes con la evidente intención de privatizar el puerto y/o concesionar parcialmente sus instalaciones para la construcción de una terminal containerizada, y ante la utilización del nombre de Usted para encubrir esos crímenes, su gobierno no haga nada y la impunidad sugiera que tales denuncias sean verídicas.
Le comunicaremos de estos hechos reprochables a la empresa TCB de España porque ignoramos si ellos están conscientes de estos crímenes y de que al estar vinculados a la concesión “especial” que están recibiendo, puedan ser maculados internacionalmente por alguna posible conexión
ENDS
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