La ITF y otras federaciones sindicales mundiales han instado a los Gobiernos y a los empleadores a que actúen de manera urgente para proteger a los trabajadores y las trabajadoras, así como a la economía mundial y la sociedad que dependen de ellos. El Consejo Global Unions (CGU) adoptó hoy una declaración que reclama un estímulo económico urgente y un diálogo entre los sindicatos, los empleadores y los Gobiernos para que trabajen de forma colectiva a fin de proteger la salud de los trabajadores y sus derechos en el trabajo.
La secretaria general de la CSI, Sharan Burrow, declaró: “Los Gobiernos deben actuar con celeridad estableciendo planes urgentes de estímulo económico y medidas a nivel de los lugares de trabajo, para proteger la salud y los ingresos de los trabajadores y sus familias y estabilizar la economía real”.
“Las enormes presiones ejercidas sobre los sistemas de salud a causa del coronavirus (COVID-19) están provocando considerables desafíos a la salud pública. Los profesionales de la salud están en primera línea frente al impacto económico, social y sanitario de la crisis y, aunque los trabajadores de todos los sectores se exponen a riesgos, queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento por el coraje mostrado por trabajadores de la salud y los cuidados, que asumen la carga inmediata en cuanto a mitigación y tratamiento".
“Unos paquetes de estímulo económico urgente deberán incluir: bajas remuneradas por enfermedad, manteniendo los ingresos para cubrir los gastos de vivienda, electricidad, alimentación y otros bienes esenciales, y extensión de la protección social a todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente de su relación contractual de empleo. Sólo de esa manera se podrán mantener los empleos y la economía, proteger salarios, el bienestar de los trabajadores, y las pequeñas y medianas empresas (PyME). Si se han aprendido las lecciones de la crisis en 2008/9, está claro que el objetivo central ha de ser brindar apoyo a los ingresos que necesitan las familias trabajadoras y que benefician a las empresas, y no el rescate de bancos e instituciones financieras. Los Gobiernos tendrán que cooperar e implicarse con instituciones multilaterales para gestionar las consecuencias sobre países con menos posibilidades de responder y garantizar una ayuda vital y las capacidades para hacer frente a la amenaza que representa el COVID-19”.
Stephen Cotton, secretario general de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) y presidente del CGU, declaró: “Reconocemos que esta pandemia representa un entorno difícil para hacer negocios, pero los empleadores han de actuar de manera decisiva y responsable, proporcionando la debida protección a los trabajadores a lo largo de sus cadenas de suministro. Empezando por su obligación de diligencia protegiendo a los trabajadores de la transmisión del coronavirus, que ha de extenderse a proteger también sus salarios independientemente de su relación contractual, garantizando permisos remunerados por enfermedad y condiciones de trabajo flexibles durante esta crisis. Instamos a los empleadores a dar prioridad a los derechos y el bienestar de sus trabajadores, actuando todos colectivamente en respuesta a los desafíos planteados por el COVID-19”.
Declaración conjunta del Consejo Global Unions
La rápida y amplia propagación del coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) y la enfermedad que ocasiona (COVID-19) requieren una urgente respuesta global para proteger la salud al tiempo y estimular la economía. Gobiernos y empleadores deben actuar para proteger a los trabajadores/as y frenar la transmisión en los lugares de trabajo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido ya que el coronavirus podría ocasionar una crisis económica similar a la recesión registrada en 2008. Resulta evidente la necesidad de que los Gobiernos actúen de manera coordinada y junto con las instituciones multilaterales para proteger la economía y mantener a las personas en el trabajo. La economía global necesita un estímulo económico que llegue a la economía real, a los trabajadores y a las pequeñas empresas, dando prioridad al empleo, el sustento y las comunidades. Es esencial apoyar los ingresos de todos los trabajadores, incluidos los empleados a tiempo parcial, migrantes, no residentes, con empleos precarios o en la economía “gig” e informal.
Los trabajadores y trabajadoras están en primera línea del impacto económico, social y sanitario del coronavirus COVID-19. De no protegerlos se incrementará la propagación de la enfermedad. Hay que tomar medidas especiales para conceder el derecho a bajas remuneradas por enfermedad a todos los trabajadores que no lo tengan, y mejorar las disposiciones en caso de enfermedad ahí donde existan, además de garantizar condiciones y arreglos de trabajo que ofrezcan la debida protección.
Los trabajadores que dependan de empresas de plataformas para su empleo deberían tener acceso a la protección social y la debida compensación de fondos a cargo de las propias empresas.
El mundo se enfrenta a una crisis inmediata y potencialmente grave. La propagación del virus a los países más pobres, donde la infraestructura y los servicios sanitarios son inadecuados, podría tener consecuencias catastróficas para cientos de millones de personas. A ello se suman las enormes presiones ejercidas sobre los sistemas de salud a causa del COVID-19 que podrían provocar nuevos desafíos considerables a la salud pública.
Aunque los trabajadores de todos los sectores se exponen a riesgos, son los profesionales de la salud los que están obligados a asumir la carga inmediata de las medidas de mitigación y tratamiento. En muchos países la financiación de la sanidad es insuficiente o la población no está cubierta por un sistema de salud, e incluso ahí donde los sistemas figuran entre los mejores del mundo, las consecuencias del COVID-19 podrían ser tremendas. La respuesta mundial ha de dar prioridad a esta cuestión.
Conforme se extiende el impacto del virus, el diálogo entre sindicatos, empleadores y Gobiernos y la negociación colectiva adquieren una importancia vital para proteger tanto la salud de los trabajadores como sus derechos en el trabajo.
Los Gobiernos deben estar a la altura del desafío, afrontar la crisis desde ya mismo y prepararse y prevenir futuras crisis sanitarias. Los trabajadores y sus lugares de trabajo resultan cruciales para ello.
El Consejo Global Unions (CGU), que representa a 200 millones de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo, insta a los Gobiernos a:
- acordar de inmediato el derecho a bajas remuneradas por enfermedad, mantener los ingresos y extender la protección social a todos los trabajadores, incluidos quienes tengan un empleo formal, aquellos con un empleo informal, precario o en la economía “gig”, sin importar su relación contractual;
- adoptar paquetes de estímulo, con gasto estatal destinado a mantener los empleos y la economía, proteger salarios, el bienestar de los trabajadores, y las pequeñas y medianas empresas (PyME); y
- cooperar e implicarse con instituciones multilaterales e incrementar la ayuda a los países con menos posibilidades de responder a la amenaza que representa el COVID-19 y asegurarse de que las instituciones financieras multilaterales evalúen las necesidades nacionales y respondan de manera apropiada.
El CGU insta a los empleadores a:
- reconocer y negociar con los sindicatos para identificar las amenazas a la salud, los derechos y el bienestar de los trabajadores, y desarrollar y aplicar las respuestas adecuadas en el lugar de trabajo;
- reconocer y ejercer su obligación de diligencia respecto a todos los trabajadores en sus empresas y a lo largo de la cadena de suministro, y mantener contratos con sus proveedores, dando prioridad a los derechos y el bienestar de esos trabajadores en su respuesta a las amenazas derivadas del coronavirus;
- implicar a los representantes de los trabajadores en los procesos destinados a identificar, prevenir, mitigar y tener en cuenta las amenazas del COVID-19 y la evaluación de las respuestas de empleadores y Gobiernos;
- asegurar que se establezcan planes y protecciones en materia de salud y que se sigan sin excepción;
- proteger los salarios y pagas completas a todos los trabajadores por distintos medios establecidos de mutuo acuerdo y por medio de negociación colectiva;
- garantizar permisos remunerados, en forma de bajas por enfermedad o vacaciones, desde el primer día, para cualquier trabajador amenazado o infectado por el COVID-19;
- establecer fondos de compensación para todos los trabajadores —incluidos aquellos con formas atípicas de empleo y contratos temporales— que sufran el impacto adverso del COVID-19 y las correspondientes respuestas; y
- ofrecer condiciones de trabajo y arreglos adaptados y responsables en el lugar de trabajo para todos los trabajadores.
Todos los trabajadores y trabajadoras, cuando fuera necesario, deberán tener acceso a pruebas médicas gratuitas, tratamiento, equipamiento, formación y facilidades para recibirla, especialmente si se dedican a aportar servicios de salud. Ha de prestarse especial atención a la situación de los trabajadores migrantes, muchos de los cuales resultan particularmente vulnerables. Debe protegerse además la privacidad e información personal de los trabajadores que se sometan a pruebas y exámenes médicos como parte de la respuesta a la amenaza del COVID-19. Los trabajadores deberán poder volver a reincorporarse a su lugar de trabajo habitual tan pronto como resulte posible a nivel práctico en caso de que las medidas locales y/o nacionales de confinamiento les impidan hacerlo por motivos financieros o logísticos.