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El Vaticano, la ITF y los empleadores unen sus fuerzas para luchar por la justicia mundial

20 Jun 2019

Declaración final del taller (Casina de Pío IV, 4-5 de marzo de 2019)

El Canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, en colaboración con la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), organizó la primera cumbre de dirigentes sindicales, fabricantes y técnicos del transporte de todo el mundo en la Casina de Pío IV, Ciudad del Vaticano, los días 4 y 5 de marzo de 2019. La delegación estuvo compuesta por representantes de la ITF y sus organizaciones sindicales afiliadas, así como por representantes de Deloitte, Transdev, MSC Shipping, Nuovo Trasporto Viaggiatori, Volvo, General Motors, Securing America’s Future Energy y Daimler Financial and Mobility Services.

En la cumbre se trataron algunos de los mayores desafíos a los que se enfrenta la sociedad contemporánea, entre ellos la promoción de la justicia social, económica y medioambiental, y se llegó a un acuerdo para llevar adelante un programa de trabajo que permita dar una respuesta colectiva a estos desafíos. La siguiente declaración resume las discusiones que tuvieron lugar durante esta cumbre:

Introducción

La primera cumbre tuvo como objetivo constituir un grupo de actores responsables en la industria para crear conciencia a nivel mundial sobre los retos que afrontan tanto el sector del transporte como el resto de la sociedad: esclavitud moderna, trata de personas, explotación de los trabajadores, automatización y cambio climático. Laudato si’, la segunda encíclica del papa Francisco, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ofrecen a los sindicatos, empresas y Gobiernos un marco en el que trabajar de forma conjunta a la hora de abordar los retos y oportunidades que presentan estos asuntos. Junto con la Iglesia Católica, nos comprometemos a dar continuidad al diálogo a nivel internacional, nacional y local con miras a proteger y promover los derechos humanos y laborales como medio para luchar en pos de la justicia en estas situaciones.

La libertad de asociación, el derecho de sindicación, la negociación colectiva y la acción colectiva son derechos humanos fundamentales. Las organizaciones sindicales han tenido siempre un rol protagónico en la construcción de nuevos modelos de desarrollo medioambiental, económico, social e integral, así como en la promoción de nuevas formas de trabajo. Estos esfuerzos deben realizarse en colaboración con la industria y los actores sociales.

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece las prioridades para los 193 Estados miembros de la ONU en materia de desarrollo mundial. Contiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a los que se han comprometido todos los países. Entre los 17 ODS se destacan aquellos dirigidos a poner fin a la pobreza extrema (ODS 1), lograr la cobertura sanitaria universal (ODS 3), ofrecer educación de calidad a todos los niños y niñas (ODS 4), lograr la igualdad entre los géneros (ODS 5), lograr trabajo decente para todos (ODS 8), reducir las desigualdades en y entre los países (ODS 10), poner fin al cambio climático inducido por el hombre (ODS 13) y promover el Estado de derecho, con instituciones públicas eficaces (ODS 16).

Estos objetivos —y las metas e indicadores asociados a ellos— nos ofrecen a todos un marco global de acción, y debemos esforzarnos por hacer todo lo que podamos para conseguirlos a nivel nacional, regional e internacional. El fortalecimiento del sistema multilateral mediante un diálogo y una colaboración genuinos ayudará a renovar el pacto social entre Gobiernos y ciudadanos y a crear soluciones justas y sostenibles. Los intelectuales, los responsables corporativos, los empresarios, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones internacionales y especialmente los Gobiernos de las naciones deben responsabilizarse colectivamente a efectos de conseguir justicia social y económica tanto ahora como en el futuro.

Justicia climática

El cambio climático, la creciente escasez de agua dulce, la pérdida de biodiversidad y un deterioro general en los vínculos sociales están inextricablemente vinculados. Nunca antes la humanidad había dañado y maltratado a nuestro planeta —“nuestro hogar común”— como lo llevamos haciendo durante las últimas generaciones. El cambio climático inducido por el hombre representa una crisis a nivel mundial con profundas repercusiones medioambientales, sociales, económicas y políticas.

Si actuamos ahora y con determinación, aún tendremos posibilidades de detener el cambio climático más peligroso y alcanzar el objetivo fijado en el Acuerdo de París sobre el cambio climático de mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 °C. Ampliar el transporte público eléctrico con cero emisiones de carbono es una parte esencial de la lucha por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y hacer frente al cambio climático. Se necesitan políticas audaces adaptadas a los contextos específicos de las naciones y especialmente de las ciudades. Lograr cero emisiones en las ciudades solo será posible a través de una expansión inmediata y ambiciosa de transporte público confiable, seguro, abundante y asequible en todo el mundo y una transición rápida a vehículos con cero emisiones, tanto vehículos ligeros como camiones.

La construcción de los sistemas de transporte público del futuro puede crear millones de puestos de trabajo de calidad a través de una valiosa cadena de infraestructuras y de transporte. También puede atraer al mundo laboral a los grupos previamente marginados y proporcionar más empleo seguro y cualificado. La introducción de transporte público tiene el potencial de incorporar principios de trabajo decente, así como formación y aprendizaje para las mujeres, los jóvenes y las comunidades marginales.

En la mayoría de las ciudades del mundo, aumenta el desfase entre los lugares en los que hay trabajo disponible y los lugares en los que viven los pobres y la clase trabajadora. Un transporte público asequible, abundante, seguro y fiable es una medida crucial y eficaz para reducir la pobreza, y permitirá a los pobres y a los trabajadores acceder a un empleo remunerado y de mejor calidad.

Asimismo, debemos buscar una transición justa para los trabajadores en el actual sector del transporte y lucharemos por asegurar que los trabajadores del transporte del futuro gocen de una remuneración y condiciones decentes, así como de estabilidad laboral. Si deben reducirse las emisiones vinculadas al transporte, se crearán muchos puestos de trabajo nuevos. Los trabajadores del transporte tanto en empleos formales como informales deben participar plenamente en la planificación y la implementación de estos sistemas públicos ampliados. Los trabajadores que hoy en día conducen taxis y minibuses tienen las competencias y la experiencia necesarias para integrar la dotación de trabajadores de los nuevos servicios públicos de movilidad del futuro.

Las nuevas tecnologías y el futuro del trabajo

La tecnología en el lugar de trabajo, como por ejemplo la automatización, la digitalización y la tecnología sin conductor, se está utilizando para reemplazar, intensificar y reestructurar los procesos laborales. Su desarrollo y su uso tienen tanto costes como beneficios sociales. Estas nuevas tecnologías pueden traer aparejados numerosos e importantes beneficios en términos de eficiencia, medio ambiente y seguridad. Pueden mejorar tanto los servicios de transporte como el trabajo en el sector del transporte. Algunas tecnologías también tienen el potencial de hacer que el trabajo sea más creativo y satisfactorio, eliminando las tareas rutinarias. Estas tecnologías también pueden reducir los efectos adversos del transporte en el medio ambiente.

Hoy en día, sin embargo, vivimos en una economía que acepta todos los avances de la tecnología con una tendencia hacia los beneficios, sin preocuparnos por el impacto negativo que podrían tener en los seres humanos. Ni los trabajadores ni los consumidores deberían aceptar los costes sociales adversos potencialmente elevados de la digitalización. La transición hacia la introducción de estas nuevas tecnologías debería tener en cuenta el elemento humano, incluidos los costes sociales, la reducción de la base imponible, las alteraciones en el trabajo y las amenazas a la integridad física o la seguridad del público. La única manera de lograrlo es asegurándose de que, en los casos en los que exista la posibilidad de introducción de nuevas tecnologías a gran escala con efectos potencialmente disruptivos en los trabajadores y la sociedad, los cambios se introduzcan de forma consultiva y con la participación de los sindicatos de trabajadores, los formuladores de políticas y los actores sociales.

La tecnología sin duda juega un importante papel a la hora de conformar nuestros lugares de trabajo y nuestras sociedades. La gente en general, y los trabajadores en particular, deberían por lo tanto beneficiarse del desarrollo tecnológico y participar en él. Cuando no participan, la tecnología a menudo beneficia solo a una minoría y causa dolor y trastornos en grandes segmentos de la sociedad. La tecnología no puede separarse del poder político, ya que quien ejerce poder político es quien decide cómo se desplegarán esas tecnologías y quiénes serán los ganadores y perdedores en el proceso. Los propietarios de la información también son poderosos, porque la capacidad de producir y analizar datos es un elemento crucial de los cambios tecnológicos actuales. Los big data (o macrodatos) pueden ayudar a hacer más eficientes los sistemas de transporte, pero también pueden conducir a una pérdida de la privacidad y a un poder político y de mercado indebido por parte de aquellos que controlan los datos.

La supervisión democrática de las tecnologías digitales es clave para el desarrollo sostenible, en especial cuando estas tecnologías tienen el potencial de socavar las condiciones de trabajo y reducir el control por parte de los trabajadores. El equilibrio de poder entre los trabajadores y los empleadores condicionará en interés de quién se resolverán estos asuntos. Las empresas, los sindicatos y los Gobiernos deben trabajar juntos para asegurar que el elemento humano ocupe un lugar central en la introducción de nuevas tecnologías.

Si bien la automatización y la introducción de nuevas tecnologías tendrán consecuencias para todos los trabajadores, serán los jóvenes los que se verán afectados de manera desproporcionada por las nuevas tecnologías en el lugar de trabajo. Las tecnologías que se encuentran en fase experimental de desarrollo podrían comenzar a aplicarse masivamente en 10 o 15 años, lo que supondría que los jóvenes trabajadores y trabajadoras de hoy estarán en la mitad de su trayectoria profesional cuando el impacto comience a notarse. Los Gobiernos, los formuladores de políticas y los sindicatos deben trabajar juntos para asegurarse de que exista una adecuada preparación para las nuevas competencias, así como una transición justa para todos los trabajadores que se verán afectados de forma adversa por la naturaleza cambiante del trabajo, incluidas medidas diseñadas para garantizar la educación permanente y la reconversión laboral de los trabajadores, protegiendo los derechos laborales sin eliminar las prestaciones sociales.

La erradicación de la esclavitud moderna

El no compartir los beneficios derivados del crecimiento, una mayor desregulación y la erosión de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales y sindicales, han contribuido a la existencia de los niveles inéditos de desigualdad de ingresos que vemos en todo el mundo, donde ¡la fortuna de 26 personas equivale a la riqueza de los 3.750 millones de personas más pobres! Son demasiados los trabajadores que se han visto obligados a aceptar empleos precarios sin estabilidad laboral ni protección social, lo que incluye la falta de seguridad previsional y de acceso a prestaciones sociales básicas como la atención médica. En muchas zonas del mundo, el transporte —especialmente el transporte urbano de pasajeros— se desarrolla principalmente en el marco de la economía informal. Se estima que, en 2018, el 62 % de la fuerza laboral mundial total trabajaba en la economía informal. Debemos trabajar para facilitar la transición hacia el empleo formal, productivo y justo. Actualmente, las mujeres se ven afectadas de una forma desproporcionada. A nivel mundial, tres de cada cuatro jóvenes trabajan en el mercado informal.

La esclavitud moderna ocurre en todas partes del mundo, en todas las industrias y en todos los sectores, tanto en la economía formal como en la informal. El informe titulado “Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna”, publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2017, estimaba que 40 millones de personas son víctimas de la esclavitud moderna, y unos 25 millones están sometidos a condiciones de trabajo forzoso. Estos 25 millones de hombres, mujeres y niños son víctimas de la trata de personas, mantenidos en servidumbre por deudas o trabajan en condiciones similares a la esclavitud.

En 2017, el Cuerpo de Inspectores de la ITF cobró 38 millones USD en salarios impagos correspondientes a trabajadores marítimos. Si bien esta cifra es impactante, se mantiene constante y se repite año tras año. Más aún, el Cuerpo de Inspectores de la ITF ayudó a repatriar a marinos abandonados y a suministrar alimentos y artículos básicos cuando actores irresponsables de la industria marítima no respetaban los convenios colectivos y los derechos laborales. Estos problemas no se limitan a la industria marítima. Por ejemplo, en diciembre de 2018, los sindicatos fueron noticia al dejar al descubierto el maltrato que sufrían los choferes filipinos en Dinamarca. Aprovechándose de vacíos legales en la reglamentación de la UE, empleadores irresponsables llevan a choferes de Manila a Europa para trabajar por salarios increíblemente bajos (1.060 USD al mes). Es preciso abordar este maltrato de los trabajadores.

La desregulación, la privatización, la subcontratación y la erosión de los derechos sindicales han creado un ambiente propicio para la explotación de los trabajadores. Las empresas multinacionales que se encuentran en el escalón más alto de la cadena de suministro mundial deben rendir cuentas ante sus trabajadores y ante los millones de trabajadores que forman parte de esa cadena. La creciente dependencia de la subcontratación ha favorecido un nivel de explotación sin precedentes, incluso de esclavitud moderna. Es imprescindible que los operadores multinacionales trabajen de forma conjunta con los sindicatos y los actores sociales para establecer normas mínimas en todos los niveles de la cadena de suministro a fin de garantizar condiciones de trabajo justas que les den a los trabajadores dignidad y respeto. Juntos, debemos generar responsabilidad a través de la elaboración de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza que puedan medirse y ser revisados y regulados de manera adecuada tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

La erradicación de la esclavitud moderna está intrínsecamente relacionada con la eliminación de la violencia en el lugar de trabajo. Las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada por la violencia laboral. Sabemos que la violencia de género es una epidemia y requiere un enfoque sistémico, por lo que debemos trabajar colectivamente para asegurarnos de que se apruebe el convenio sobre la violencia y el acoso en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuando se someta a consideración en la segunda y última ronda de negociaciones en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) en junio de 2019. La aprobación de este convenio aportará tanto orientación como bases jurídicas para prevenir y tratar la violencia de género.

Es absolutamente inadmisible que en el siglo XXI, con toda la riqueza que existe en el mundo, la gente continúe siendo objeto de la trata de personas y el trabajo forzoso. Los sindicatos y las empresas deben trabajar de forma conjunta con la sociedad civil en general para tratar e implementar medidas destinadas a prevenir la esclavitud moderna, eliminar la violencia en el lugar de trabajo, y asegurarse de que haya seguimiento y aplicación de las leyes laborales y de que los culpables rindan cuentas en todos los niveles en los que incurran en infracciones. Esta es la finalidad de los ODS, en particular el ODS 8.7: “Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”.

Conclusión

Todas las partes presentes en la cumbre nos comprometemos a continuar dialogando a fin de encontrar una estrategia común para promover la justicia social, los derechos sindicales, el trabajo decente y la igualdad en el contexto del transporte moderno y en la sociedad en su conjunto. Nos comprometemos a trabajar en pos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular los destinados a acabar con la pobreza, todas las formas de esclavitud moderna y el cambio climático inducido por el hombre, tal como lo solicita también la encíclica Laudato si’. Reconocemos que para poder cumplir estos objetivos necesitamos que haya cooperación, confianza y respeto mutuo. Esto servirá como base para encontrar una respuesta colectiva a los nuevos desafíos que fueron descritos durante la cumbre. Podemos responder de manera positiva y activa ante esos desafíos. Consideramos que este es el comienzo de una relación y que nuestra responsabilidad mutua nos permitirá seguir avanzando.

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