Aquí pueden ver las fotos sobre el conflicto de SRUT publicadas en Flickr
La ITF y su afiliada, la Unión de Trabajadores de Ferrocarriles Estatales de Tailandia (SRUT), respaldadas por la Confederación de Relaciones de los Trabajadores de las Empresas Estatales de Tailandia (SERC) y la Confederación Internacional Sindical (CSI), presentaron una queja contra el gobierno tailandés ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La queja presentada ante el Comité de Libertad Sindical alega que el Reino de Tailandia está violando flagrantemente las normas internacionales sobre los derechos sindicales dispuestas en los Convenios de la OIT 87 y 98. Hay pruebas que demuestran que el gobierno permitió que la compañía Ferrocarriles Estatales de Tailandia (SRT) tomara represalias contra los miembros pertenecientes al sindicato solo por sacar a la luz los graves deficiencias en la seguridad que existen en la red ferroviaria del país.
El caso denuncia el despido de 13 dirigentes y responsables de división sindicales que participaron en una iniciativa sobre salud y seguridad ocupacional, en octubre de 2009, para hacer públicos los graves fallos en la seguridad ferroviaria. En cuatro días, ese mes, se habían producido dos descarrilamientos y un accidente mortal en el que fallecieron siete personas y muchas otras resultaron heridas. El maquinista sólo había tenido un día de descanso en los 30 días previos. El ‘pedal de hombre muerto’ no funcionaba y, según el sindicato, sólo el 20% de los trenes cuenta con este dispositivo de seguridad básico. En la iniciativa participaron 1200 miembros del sindicato SRUT, que se negaron a manejar los trenes que carecían de pedales de hombre muerto o que los tenían defectuosos.
SRT demandó al sindicato e intentó que el juez le impusiera una multa en concepto de “daño punitivo”. A pesar de las protestas internacionales, y en contra de todas las opiniones legales, los tribunales tailandeses permitieron que se mantuvieran los despidos.
El secretario de la sección de transporte interior de la ITF, Mac Urata, puso de manifiesto “La injusticia cometida contra estos sindicalistas despedidos es evidente. A su sindicato se le reclama una multa por valor de millones de dólares sólo por sacar a la luz los graves peligros para la seguridad en el sistema ferroviario. La compañía ha podido salirse con la suya por su cercanía a un gobierno, que continúa permitiendo unas leyes que ahogan los derechos de los trabajadores y trabajadoras de las empresas públicas. Pedimos a la OIT que se pronuncie sobre estas terribles injusticias”.
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