La ITF y la CSI han enviado conjuntamente un escrito al gobierno de Corea del Sur para expresar sus temores de que durante la huelga que se llevará a cabo próximamente contra la restructuración y privatización de los ferrocarriles, se podrían violar los derechos laborales.
Es probable que la huelga que fue apoyada casi de forma unánime por miembros del Sindicato Coreano de Trabajadores Ferroviarios (KRWU), un afiliado a la ITF, en una votación que tuvo lugar el 28 de junio, se celebre antes de fin de año, y que tendría lugar en medio de indicios de relaciones laborales deterioradas en el país. No obstante, la oposición del sindicato a la privatización es compartida por la mayoría de los partidos políticos, por organizaciones civiles y por el público en general; el Presidente Park Geun-hye prometió antes de celebrarse las elecciones no continuar con la privatización del sistema ferroviario de alta velocidad si ello iba en contra de los deseos del público.
En la declaración de la ITF/CSI se expresaba la preocupación de que el gobierno coreano y la compañía ferroviaria Korail diseñaran su programa de privatización sin consultar con el sindicato KRWU. Al mismo tiempo, el gobierno no ha respondido a las recomendaciones que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió en noviembre de 2012 —ni a una intervención urgente que el director general de la OIT, Guy Rider, realizó el mes pasado en la que pedía al gobierno abordar las violaciones de los derechos laborales que cometió durante una huelga que el sindicato KRWU realizó previamente en el año 2009—.
En represalia por la huelga que tuvo lugar en ese momento, las acciones del gobierno incluyeron despidos, presentación de cargos penales y encarcelamiento de dirigentes sindicales. Un año después de que la OIT realizara esas recomendaciones, 91 miembros sindicales aún no han sido readmitidos a sus puestos de trabajo y el gobierno no ha dado ninguna indicación de que tenga intención de cumplir con ninguna de las directrices de la OIT.
En la carta pública de la ITF y de la CSI, se instaba al gobierno surcoreano a tener en cuenta que estas prácticas violan los principios internacionales, mientras que el gobierno ha declarado ilegales las huelgas del sistema ferroviario coreano realizadas en el pasado porque atañen a la política del gobierno, o por su intento de interpretarlas como ineficaces a causa de las exigencias de servicios mínimos excesivamente altos (de hasta un 80%). La ITF y la CSI también pidieron al gobierno que se abstuviera de utilizar los cargos penales de ‘obstrucción al funcionamiento del negocio’ contra los/as trabajadores/as que ejercían su derecho legítimo a hacer huelga.
El 25 de noviembre, el representante de la ITF, Mac Urata, se reunió con miembros superiores del gobierno y con responsables de la compañía Korail, y recalcó la grave falta de dialogo social a la hora de determinar una política nacional de transporte tan importante. Les pidió insistentemente, aunque sin éxito, reconsiderar lo que el representante gubernamental describió como un enfoque de "terapia de choque".
Enlace a la noticia sobre el simposio internacional ferroviario celebrado en Seúl en agosto de 2013.
Se advierte al gobierno surcoreano que no realice juegos sucios mientras que aumentan las huelgas de los ferrocarriles
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