El movimiento sindical global1 se acerca al Foro de Examen de la Migración Internacional (IMRF) 2026 en un momento crítico para los trabajadores en todo el mundo. Estamos navegando un período definido por una creciente desigualdad económica, desplazamientos impulsados por el clima, fragmentación geopolítica y un ataque global sostenido contra la democracia, el multilateralismo y los derechos sindicales fundamentales.
En todas las regiones, la migración está cada vez más determinada por fuerzas y dinámicas fuera del control de los trabajadores: conflictos armados, guerras e inestabilidad, junto con el colapso climático y la exclusión económica. Para muchos, la migración no es una elección libre, sino una necesidad para sobrevivir.
En este contexto volátil, la gobernanza de la migración no puede ser tratada simplemente como un ejercicio de control fronterizo, ni puede reducirse a un sistema transaccional de “movilidad de habilidades” diseñado únicamente para cubrir escasez de mano de obra. La migración es fundamentalmente una cuestión de derechos laborales, dignidad humana y equidad global. Los trabajadores migrantes sostienen economías y sectores esenciales a través de las fronteras, sin embargo, en tiempos de crisis, suelen ser los primeros en perder protección, ingresos y seguridad. La realidad es que la economía global depende en gran medida del esfuerzo y el trabajo de los trabajadores migrantes, pero estos mismos trabajadores son sistemáticamente excluidos de la protección de las leyes laborales nacionales, empujados a la economía informal y sometidos a condiciones de trabajo altamente explotadoras y a sistemas engañosos de reclutamiento y patrocinio. Construyen y sostienen economías, pero permanecen estructuralmente excluidos.
Para abordar estas fallas sistémicas, el movimiento sindical global ha luchado consistentemente por la justicia social, económica y ambiental: un marco que garantice empleos respetuosos con el clima, derechos para todos los trabajadores, protección social universal, igualdad e inclusión. Una gobernanza migratoria coherente y basada en derechos es un pilar esencial de esta visión. Cuando a los trabajadores migrantes se les niegan derechos fundamentales o son silenciados estructuralmente por regímenes de visas precarios, esto no solo perjudica a los trabajadores migrantes y sus familias; degrada el tejido democrático de nuestras sociedades, socava la negociación colectiva y ejerce presión a la baja sobre las condiciones laborales para todos. Para el movimiento sindical, defender a los trabajadores migrantes es inseparable de la lucha más amplia por la democracia y la prosperidad compartida. Una verdadera democracia en el lugar de trabajo requiere que cada trabajador, independientemente de su pasaporte o estatus migratorio, tenga el poder de organizarse, expresarse y exigir su parte justa de la riqueza que crea.
Evaluación del Borrador Cero 2026
Si bien la Declaración de Progreso inaugural de 2022 logró avances importantes al anclar la gobernanza migratoria en el trabajo decente y el reclutamiento justo, el Borrador Cero 2026 presenta un panorama profundamente preocupante. Reconocemos y valoramos las áreas de progreso, en particular el enfoque ampliado en la integración de los migrantes en los sistemas nacionales de protección social y el lenguaje más fuerte que condena las tarifas de reclutamiento y la servidumbre por deudas.
Sin embargo, estamos profundamente alarmados por las regresiones estructurales presentes en el borrador. El texto muestra un cambio peligroso en el enfoque, alejándose de una perspectiva basada en derechos hacia una gobernanza tecnocrática del “mercado laboral”. Al diluir las referencias explícitas a los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), eliminar llamados sólidos a la inspección laboral y omitir en gran medida los derechos habilitantes de libertad de asociación y negociación colectiva, el borrador actual corre el riesgo de tratar a los trabajadores migrantes como mercancías desechables en lugar de seres humanos y titulares de derechos.
Recordamos a los Estados Miembros que las normas internacionales del trabajo se aplican a TODOS los trabajadores independientemente de su estatus migratorio u otro. La Declaración de Progreso 2026 no debe retroceder. Debe cumplir la promesa del Pacto Mundial para la Migración (GCM) consolidando las normas internacionales del trabajo como la base no negociable de todas las políticas migratorias. Con este fin, presentamos las siguientes demandas urgentes.
Demanda 1 – Voz colectiva de los trabajadores y participación
- Derecho a la libertad de asociación: Seguimos alarmados porque el Borrador Cero 2026 omite en gran medida la libertad de asociación y el derecho a organizarse y negociar colectivamente (Convenios 87 y 98 de la OIT). Estos son derechos fundamentales que equilibran las relaciones de poder, permitiendo a los trabajadores —incluidos los migrantes— proteger sus intereses, negociar salarios justos y defenderse contra la explotación mediante la acción colectiva.
- Diálogo social significativo: Las políticas y programas migratorios diseñados sin sindicatos inevitablemente fracasarán para los trabajadores. Los Estados deben entablar un diálogo social auténtico e institucionalizado con sindicatos, organizaciones lideradas por trabajadores migrantes y organizaciones independientes de trabajadores a nivel local, nacional y multilateral para desarrollar marcos migratorios seguros y justos.
- Acuerdos laborales bilaterales con participación de los trabajadores (ALBs): La participación de los sindicatos y de las organizaciones dirigidas por trabajadores en el diseño y la negociación de los Acuerdos Laborales Bilaterales (ALBs) es crucial. Actualmente, la participación exclusiva de los gobiernos, empleadores y grupos de presión de la industria crea un profundo desequilibrio, lo que resulta en la exclusión de las voces de los trabajadores y en la falta de un enfoque basado en derechos.
- Mecanismos tripartitos: La Declaración debe reafirmar la importancia única y crítica de la estructura tripartita de la OIT (que reúne a gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores) como la base necesaria y la única legítima para construir una gobernanza justa de la migración laboral global.
Demanda 2 – Compromiso con el trabajo decente, las normas internacionales del trabajo y los derechos humanos
- Restaurar los anclajes normativos: El Borrador Cero 2026 diluye peligrosamente las referencias explícitas a las normas internacionales del trabajo. Llamamos a que la Declaración final centre explícitamente los convenios fundamentales de la OIT y la Declaración de la OIT sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo como la base absoluta de la política migratoria.
- Fortalecer la inspección y la aplicación: Observamos una clara regresión en el borrador 2026 respecto a las capacidades de inspección laboral. Los derechos en el papel no tienen sentido sin aplicación. Los Estados deben volver a comprometerse con mecanismos de inspección laboral sólidos y plenamente financiados para monitorear las condiciones de trabajo —incluyendo en la economía informal y el sector del trabajo doméstico— y establecer protecciones tipo “cortafuegos” para que los migrantes puedan denunciar abusos sin temor a la detención y la deportación.
- Justicia climática y social para todos: La migración debe ser una elección, no un acto de supervivencia desesperada. Llamamos a invertir en servicios públicos de calidad y equitativos —incluyendo una educación pública inclusiva y adecuadamente financiada como pilar de la justicia social—, diversificación económica que amplíe el acceso al trabajo decente y políticas industriales verdes y de transición justa desarrolladas conjuntamente que fortalezcan la resiliencia de los trabajadores y sus comunidades en los países de origen. Esto es esencial para asegurar que todas las personas puedan vivir, prosperar y trabajar con dignidad, sin ser empujadas a migrar por la intersección de injusticias climáticas y sociales.
- El derecho a quedarse: Los Estados deben comprometerse con objetivos de desarrollo sostenible que incluyan la creación de trabajo decente y salarios dignos en las comunidades/países de origen, de modo que los trabajadores, sus familias y comunidades tengan el derecho a quedarse y no sean empujados a migrar debido a la coerción económica o la falta de opciones viables en sus hogares.
Demanda 3 – No discriminación y protección social universal
- Igualdad de trato: Reconocemos el reconocimiento del borrador 2026 sobre la vulnerabilidad aguda de los trabajadores en los sectores informal, doméstico y de cuidados, donde muchas mujeres, trabajadores migrantes racializados y jóvenes se concentran en trabajos de bajos salarios. Los Estados deben traducir este reconocimiento en políticas aplicando la igualdad salarial y garantizando que estos trabajadores tengan igual protección legal, garantías de salario mínimo y normas de salud y seguridad ocupacional.
- Portabilidad de la protección social: Acogemos el enfoque ampliado del borrador 2026 en la inclusión de la protección social. Sin embargo, es crucial que esta inclusión garantice que todos los trabajadores migrantes, independientemente de su estatus migratorio o del sector en el que trabajen, estén incluidos en el alcance de la portabilidad de la protección social. Los Estados deben operacionalizar urgentemente la portabilidad de los beneficios (incluyendo pensiones y atención sanitaria) mediante acuerdos bilaterales y multilaterales, estrictamente alineados con el Convenio No. 102 de la OIT.
- Justicia portable: La Declaración debe ir más allá al llamar a mecanismos sólidos de “justicia portable” para un acceso efectivo a la justicia. Los trabajadores migrantes deben poder presentar reclamaciones, acceder a representación legal y obtener remedios en países de origen, tránsito y destino, e incluso después de haber regresado a su país de origen por robo de salarios, violaciones laborales, así como cualquier tipo de violencia y acoso sufridos a lo largo de su trayectoria migratoria. Como señala la OIT, el robo de salarios es el principal indicador de trabajo forzoso, y los trabajadores migrantes tienen tres veces más probabilidades de estar en trabajo forzoso que otros trabajadores.
Demanda 4 – Vías basadas en derechos y regularización
- Prioridad para la regularización: Un sistema de migración sostenible no puede depender de mantener a millones de personas en un limbo indocumentado y altamente explotable. La implementación del GCM debe priorizar esquemas de regularización amplios y accesibles, la reunificación familiar y el reasentamiento humanitario por encima de la expansión de programas de trabajo temporales o circulares restrictivos y vinculados al empleador que estructuralmente generan abuso. También debe garantizar que los migrantes y sus familias puedan acceder de forma segura a la educación y a servicios públicos esenciales sin temor a ser deportados, manteniendo estos como espacios seguros y de confianza libres de control migratorio.
- Vías humanitarias: A medida que la emergencia climática se acelera, exigimos la ampliación de vías regulares para personas desplazadas por el clima. Estas vías deben garantizar plenos derechos laborales, cohesión social y opciones claras para la residencia permanente y la participación cívica. Y los Estados deben volver a comprometerse con vías humanitarias para quienes son desplazados por conflictos, guerras y otras formas de violencia, que están impulsando cada vez más la migración a nivel global, garantizando al mismo tiempo igualdad de oportunidades y resultados para mujeres y hombres migrantes, afectados de manera desigual por la crisis, y que estos trabajadores y sus familias no sean excluidos de servicios públicos de calidad, derechos laborales y protecciones mientras sostienen economías en los países de destino. Los esquemas de migración laboral temporal no son una solución viable para el desplazamiento a largo plazo.
Demanda 5 – Modelos justos para la migración laboral y el reclutamiento equitativo
- Más allá del reconocimiento de habilidades: El enfoque de 2026 en el “reconocimiento de habilidades” no debe eclipsar los derechos y la agencia de los trabajadores. Las vías deben poner fin a la mercantilización del trabajo migrante. Rechazamos modelos que tratan a los migrantes puramente como insumos económicos; las vías regulares deben permitir movilidad laboral y plena libertad de asociación. Y la declaración de progreso debe reconocer que TODO trabajo tiene dignidad —independientemente de si es en la economía informal o formal; si es de bajo salario o mejor remunerado— y habilidad.
- Regulación vinculante del reclutamiento justo: Aunque acogemos el lenguaje más fuerte del borrador 2026 para poner fin a las tarifas de reclutamiento y la servidumbre por deudas, las directrices voluntarias han demostrado ser insuficientes. Este compromiso debe estar respaldado por regulaciones vinculantes y transfronterizas sobre la industria del reclutamiento, estrictamente guiadas por los Principios Generales y Directrices Operativas de la OIT sobre el Reclutamiento Justo y la Definición de Tarifas de Reclutamiento, con una política de tolerancia cero a las tarifas cobradas a los trabajadores.
- Liderazgo de la OIT: Como la única agencia de la ONU con un mandato constitucional basado en derechos para proteger a los trabajadores y establecer normas laborales, la OIT debe liderar la gobernanza de la migración laboral dentro de la Red de la ONU sobre Migración y cualquier otra agencia de la ONU que aborde cuestiones de migración laboral.
Firmantes
David Edwards
Secretario General, Internacional de la Educación, IE
Atle Høie
Secretario General, IndustriALL Global Union
Christy Hoffman
Secretario General, UNI Global Union
Steve Cotton
Secretario General, Federación Internacional del Transporte, ITF
Ambet Yuson
Secretario General de la ICM
Adriana Paz Ramírez
Secretario General, Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, FITD
Daniel Bertossa
Secretario General, Internacional de Servidores Públicos, ISP
Kristjan Bragason
Secretario General, Union Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agricultura, Hotelería, Restaurantes, Tabaco y afines, UITA
Benoît Machuel
Secretario General, Alianza Internacional de las Artes y el Entretenimiento, AIAE
Anthony Bellanger
Secretario General, Federación Internacional de Periodistas, FIP
1. Representado por las diez Federaciones Sindicales Globales: Internacional de la Educación (EI), IndustriALL Global Union, UNI Global Union, Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (FITD), Internacional de Servidores Públicos (ISP), Union Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agricultura, Hotelería, Restaurantes, Tabaco y afines (UITA), Alianza Internacional de las Artes y el Entretenimiento (AIAE), Federación Internacional de Periodistas (FIP).
