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El Gobierno de Fiyi, acusado de malversar fondos de la caja de pensiones del país y poner en riesgo el futuro de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras

Noticias 23 Aug 2022

Comunicado de prensa conjunto de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) y la Confederación Sindical de Fiyi (FTUC).

Según apunta un revelador informe recién publicado, el Gobierno de Bainimarama ha estado utilizando la caja nacional de pensiones como fuente privada e inagotable de efectivo para firmar préstamos de alto riesgo y financiar proyectos personales, lo que pone en grave riesgo la jubilación de miles de trabajadores y trabajadoras fiyianos.

La publicación llega en un clima de creciente preocupación, en el que los abogados y políticos del país se preguntan si el uso de la caja por parte del Gobierno para adquirir una participación del 30 % en Fiji Airways constituye una inversión prudente de los ahorros para la jubilación de los trabajadores y trabajadoras.

El informe, titulado Making the Fiji National Provident Fund Work for Workers (Cómo hacer que funcione la Caja Nacional de Pensiones de Fiyi para los trabajadores y las trabajadoras), denuncia que el Gobierno de Bainimarama acumula una década de mala gestión e injerencias políticas, lo que amenaza con socavar la estabilidad financiera de la Caja Nacional de Pensiones de Fiyi (FNPF, por su sigla en inglés).

La respuesta del Gobierno a la pandemia no ha hecho más que empeorar la situación, al haber reducido las contribuciones obligatorias y obligado a los trabajadores y trabajadoras a recurrir a sus ahorros para la jubilación para sobrevivir a la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19. Como consecuencia de ello, se pone en duda la viabilidad de la caja para sufragar las pensiones y su capacidad para permitir que los pensionistas puedan vivir de su jubilación, algo que va en contra de su propio lema, “Securing your Future” (Aseguramos su futuro).

La FNPF es la mayor y más importante institución financiera del país, con unos activos que ascienden a 8200 millones de dólares y casi 450 000 miembros.

Los trabajadores y trabajadoras de Fiyi están obligados a contribuir a la caja y tienen derecho a percibir una pensión de jubilación a los 55 años de edad, además de ayudas para la vivienda, la salud y la educación.

Sin embargo, sus futuros peligran ahora que el Gobierno de Bainimarama se dedica a coleccionar deudas de miles de millones de dólares sin intención de devolver el dinero ni reponer lo que han saqueado de la caja de pensiones.

“El cometido de la Caja Nacional de Pensiones de Fiyi no es ni solucionar los problemas de desarrollo del país ni servir de gallina de los huevos de oro para firmar préstamos de alto riesgo para los proyectos personales del Gobierno de Bainimarama”, advierte Scott McDine, responsable de la oficina de la ITF en Sídney.

“Según datos de la oficina de estadística de Fiyi, tres de cada diez fiyianos vivían en la pobreza en 2019 y 2020. Desde entonces, se estima que este número se ha duplicado como consecuencia del enorme impacto económico que ha causado la pandemia de COVID-19.

“Estas son las personas a las que debía proteger la caja de pensiones, pero, además de defraudarlos, el Gobierno de Bainimarama está poniendo en grave peligro sus futuros.

“Los pensionistas, contribuyentes y miembros de la FNPF se merecen una caja gestionada a favor de sus intereses, no los del Gobierno de Bainimarama. Esta catástrofe financiera podría tener unas consecuencias económicas demoledoras para los trabajadores y trabajadoras de a pie y para el conjunto del país”.

El informe propone una serie de recomendaciones, entre las que se incluyen las siguientes:

  • una revisión y reforma urgentes de la estructura de gobernanza de la FNPF;
  • la representación de los trabajadores y trabajadoras en el consejo de administración de la FNPF en cuanto fundadores y principales partes interesadas;
  • una inversión en activos y una gestión de la caja separadas de las funciones del consejo de administración;
  • una regulación y una legislación sobre la FNPF que establezcan claramente lo que las obligaciones fiduciarias implican en la práctica;
  • una normativa que disponga cómo se definen y revisan los intereses de los miembros en consulta con estos.

Datos de contacto para mayor información:

Scott McDineOficina de la ITF en SídneyMcDine_Scott@itf.org.uk

Felix AnthonySecretario Nacional de la Confederación Sindical de Fiyiftucns@ftuc.org.fj

El informe está disponible aquí.

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