Cotton pide la intervención del presidente indonesio para impedir la ampliación de la concesión de una terminal portuaria

La iniciativa responde a la enorme preocupación expresada por el Sindicato de la Terminal Internacional de Contenedores de Yakarta (JICT Union), afiliado a la ITF.

JICT Union está convencido de que la extensión del contrato de concesión, en las condiciones actuales, carece de sentido económicamente y tampoco redunda en el interés económico nacional. El sindicato considera que el proceso de extensión del contrato de concesión se está llevando a cabo precipitadamente —el contrato vigente no expirará hasta 2019— y no se ha procedido a una licitación pública. El sindicato teme que se intimide a los trabajadores y se destruyan empleos, sobre todo porque en este proceso opaco de extensión no se tuvieron en cuenta las repercusiones para la mano de obra.

El sindicato afirma que, desde hace más de un año, está intentando hablar sobre sus preocupaciones con IPC y que haya un proceso transparente.

En la carta enviada al presidente Joko Widodo, el 16 de julio, el secretario general de la ITF, Steve Cotton, afirmaba:

“A la luz de las cuestiones planteadas por el sindicato, le pedimos su urgente intervención para cancelar la ampliación”.

“Por  estas razones, el sindicato se opone a la ampliación de la concesión de la terminal JICT a Hutchison Port Holdings. El sindicato y la ITF le instan, a usted y a su gobierno, a intervenir urgentemente para cancelar la ampliación de la concesión otorgada por IPC, y a establecer un proceso transparente que permita abordar esta cuestión. ITF apoya también decididamente el argumento del sindicato JICT Union de que JICT debería ser de propiedad y gestión nacionales”.

“La ITF y sus afiliadas de todo el mundo seguirán con sumo interés esta importante campaña del sindicato JICT Union, y esperamos su positiva intervención en la cuestión”.

El presidente de Asia-Pacífico de la ITF, Hanafi Rustandi, comentó que la ampliación contraviene la legislación nacional, que otorga al Ministerio de Transportes la potestad de autorizar las concesiones. Además cuestiona las razones que tiene la gerencia para entregar esta terminal rentable a una compañía extranjera y advierte que esto supondría una amenaza para las oportunidades locales.