A finales de 2023, el Gobierno de la India aprobó un nuevo Código Penal (Bharatiya Nyaya Sanhita, BNS) antidemocrático y autoritario. Una de sus cláusulas —el párrafo 2 del artículo 106, relativo al delito de fuga— contempla hasta diez años de prisión y multas cuantiosas para los conductores involucrados en accidentes mortales que no denuncien los hechos de inmediato.
No obstante, la cláusula del delito de fuga no reconoce las principales causas de las altas tasas de mortalidad en carretera de la India: la sobrecarga, la infraestructura deficiente, la antigüedad de los vehículos, la presión que ejercen las compañías expedidoras y de transporte sobre los conductores y las conductoras, los malos salarios, los sistemas de pago basados en incentivos, las largas jornadas de trabajo, las condiciones inseguras y la informalidad general del sector. También escasean los mecanismos de denuncia seguros para los conductores implicados en accidentes que a menudo no se pueden evitar.
Los sindicatos del transporte por carretera de la India han criticado al Gobierno por fingir que está abordando el problema de las muertes en accidentes de tráfico cuando, en realidad, está evitando asumir su responsabilidad de proteger al público, los pasajeros y otros usuarios de las carreteras.
Los sindicatos del sector lograron suspender la aplicación de la cláusula del delito de fuga cuando el resto del BNS entró en vigor en julio. Sin embargo, ahora temen que esta disposición termine aplicándose en cuanto disminuya la atención pública y que sigan sin abordarse las causas fundamentales de las malas condiciones laborales y los accidentes de tráfico.
Únase a los sindicatos del transporte por carretera de la India para instar al Gobierno del país a derogar por completo la cláusula del delito de fuga y asumir su responsabilidad en materia de trabajo decente y seguridad vial mediante la colaboración con los sindicatos a fin de mejorar los salarios, las condiciones y las normas en todo el sector.
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Nuestra petición a Amit Shah, ministro del Interior, Nitin Gadkari, ministro de Transporte por Carretera y Autopistas de la India, y Mansukh L. Mandaviya, ministro de Trabajo y Empleo:
A la comunidad internacional le preocupa mucho la situación del sector del transporte por carretera de la India y el elevado nivel de mortalidad en accidentes de tráfico, que alcanzó su cifra máxima de muertes (171 000) en 2022. Nos preocupa igualmente que la informalidad general del sector del transporte por carretera y las malas condiciones salariales y laborales, junto con el estado deficiente de las carreteras y los vehículos, impidan a los conductores y las conductoras de vehículos comerciales trabajar con seguridad, poniendo en riesgo sus vidas y las del público viajero.
Somos conscientes de que su Gobierno ha decidido abordar estos problemas por medio de la incorporación de una cláusula del delito de fuga en el párrafo 2 del artículo 106 del nuevo Código Penal, Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS). Esta disposición impone penas severas a los conductores y las conductoras que no denuncien de inmediato accidentes mortales en los que estén implicados, pese al carácter inevitable de muchos de estos accidentes y la falta de canales seguros de denuncia. Aunque la aplicación de esta cláusula está suspendida actualmente, somos conscientes de que podría aprobarse en cualquier momento.
Queremos dejar patente que esta disposición no solucionará de ninguna manera los problemas estructurales que existen en el sector del transporte por carretera y provocan altas tasas de mortalidad. No hará más que contribuir a la escasez de conductores y conductoras en la India.
De hecho, un nuevo estudio realizado por la ITF concluye que los camioneros de la India trabajan entre 16 y 20 horas al día, sin apenas tiempo para dormir o descansar, y pese a ello reciben una remuneración de tan solo 96 euros al mes. Carecen de acceso a instalaciones de descanso y saneamiento, no se les suele ofrecer contratos de trabajo formales y, además, soportan una presión extrema por parte de las compañías expedidoras y de transporte. Esto significa que se ven forzados a circular en un estado de fatiga y estrés. El colectivo afirma que, de aplicarse esta cláusula del BNS, la presión añadida provocará que dimitan y abandonen el sector.
Las directrices de la OIT sobre la promoción del trabajo decente y la seguridad vial en el sector del transporte dejan claro que los Gobiernos y las partes interesadas del sector tienen la responsabilidad de “proteger al público, a los pasajeros y demás usuarios de la carretera frente a accidentes y otros peligros prevenibles, incluidos aquellos provocados por el déficit de trabajo decente padecido por los conductores de vehículos comerciales”.
Instamos a su Gobierno a cumplir esta responsabilidad derogando plenamente la cláusula recogida en el párrafo 2 del artículo 106 del BNS y reuniéndose con los sindicatos para elaborar un plan que permita abordar los riesgos de seguridad estructurales existentes en el sector del transporte por carretera. Este plan debería incluir la introducción de un sistema para fijar y hacer cumplir normas justas de remuneración, tiempo de trabajo y disposiciones contractuales, mecanismos sólidos de inspección y auditoría, e inversiones en infraestructura viaria, renovación de la flota e instalaciones de descanso y saneamiento seguras.