Presentada una investigación sobre Chevron en la Cumbre sobre Fiscalidad Laboral Mundial

La cumbre organizada por el sindicato mundial, Internacional de Servicios Públicos (ISP), sirvió de rampa de lanzamiento del informe “La ingeniería fiscal de Chevron: ¿tuberías para canalizar los beneficios fuera de Australia?”, que pone al descubierto el alcance de la elusión fiscal que está logrando esta compañía en su mayor proyecto mundial: el proyecto Gorgon de gas licuado en Australia.

Este estudio sobre las prácticas tributarias de Chevron es una demostración más de cómo las multinacionales logran eludir el pago de impuestos y dejar raquíticos los servicios públicos.

El informe revela el volumen de ingresos tributarios que puede perder el gobierno australiano a través de complejos subterfugios para desviar beneficios. Además de reservar AUD 352 millones para resolver el pleito que mantiene con las autoridades tributarias australianas, la Australian Tax Office (ATO),  Chevron ha concebido una nueva estratagema para eludir impuestos. Se trata de créditos concedidos por una parte relacionada, su filial en Delaware, a interés muy elevado, por un valor de más de 35.000 millones AUD.

ATO está auditando este nuevo sistema de tributación. Chevron y otras compañías petroleras de Australia comparecerán probablemente ante una audiencia en el Senado australiano que abordará la elusión fiscal corporativa.

El presidente de la ITF, Paddy Crumlin, insta a los gobiernos de todo el mundo a que asuman su responsabilidad de acabar con las lagunas legales de las que se aprovechan Chevron y otras compañías.

“Para que la gente confíe en la integridad de los sistemas fiscales, estos deben ser transparentes y equitativos”, afirma Crumlin. “El gas que se extraerá de las aguas australianas y se venderá en el extranjero es propiedad de la población australiana y, en consecuencia, debería beneficiar a estas personas a través de empleos e ingresos fiscales”.

“Si Chevron y otras multinacionales pagaran los impuestos que les corresponde, los gobiernos no tendrían que recortar fondos para escuelas, hospitales y otros servicios públicos esenciales”, concluye.