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Los portuarios Canadienses están a favor de mejorar la seguridad, pero no aceptan divulgar su historial médico o las afinidades políticas de sus familiares, por Tom Dufresne

La industria marítima canadiense -los operadores, los transportistas y los portuarios- tiene un rol inestimable en la construcción de una economía nacional pujante y vigorosa. Aquí trabajan directa o indirectamente 250.000 personas y se manipulan 100.000$ millones de mercancías anualmente, un cuarto de los intercambios comerciales canadienses.

Por estar en primera línea de defensa de la seguridad portuaria y ser un motor esencial de la economía, la industria marítima lleva décadas protegiendo los puertos de Canadá, y está decidida a continuar haciéndolo.

Tanto los operadores, como los transportistas y el personal portuario de Canadá apoyan el plan del gobierno federal de introducir una nueva normativa que mejore la seguridad de los puertos del país; pero temen que el proyecto legislativo privilegie desmesuradamente la importancia crítica de la seguridad nacional, en detrimento de los derechos constitucionales del personal portuario y de la competitividad económica.

El Ministerio de Transportes de Canadá está redactando el proyecto de normativa (el Programa de Acceso a Zonas Restringidas en las Infraestructuras Marítimas - PAZRIM) dentro del marco de la puesta en práctica del Código Internacional para la Seguridad en los buques y en las instalaciones portuarias (ISPS).

Desde finales de 2003, el Ministerio de Transportes consulta con la industria marítima a fin de que la futura reglamentación concilie la necesidad de preservar la seguridad nacional y los derechos individuales. Sin embargo, el PAZRIM se excede al proponer controles inquisidores y arbitrarios de los antecedentes del personal, que sobrepasan la apreciación del riesgo planteado para la seguridad nacional y viola el derecho fundamental de todos los canadienses a la privacidad y a la equidad.

Por esta razón, la industria marítima exhorta al gobierno federal a continuar colaborando con el sector para encontrar una solución más razonable y viable, que mejore la seguridad de los muelles canadienses sin mermar su viabilidad económica y sin comprometer indebidamente la privacidad de quienes participan en la industria marítima.

Principales preocupaciones

He aquí las cuestions que preocupan a la industria marítima :

1. Controles de antecedentes inquisitoriales y excesivos

Según la normativa propuesta, muchas categorías de empleados portuarios deberán contar con una autorización, para lo cual tendrán que superar una inspección de sus antecedentes criminales, crediticios y de seguridad. Necesitan dicha autorización: los prácticos con licencia, el personal de seguridad o personas con responsabilidades en materia de seguridad, cualquiera que deba acceder a las terminales de cruceros y toda persona que necesite acceso a determinadas zonas restringidas de los terminales de contenedores; además de los empleados que tienen acceso a las listas de mercancías, de tripulaciones o de pasajeros; o quienes vigilen el movimiento o manipulación de las cargas en los terminales de contenedores. Pretenden que se revelen datos sobre los miembros de la familia (incluidos la familia política y los ex-conyujes), los viajes realizados en los últimos cinco años (con fechas, lugares visitados y objeto del viaje), además de la trayectoria profesional. Este proceso contraviene el derecho fundamental de todos los canadienses a la privacidad y la equidad.

2. Subjetividad de los criterios

Según está redactada, la nueva normativa no define claramente los criterios que determinan la aprobación o denegación de la autorización de seguridad. Tal y como muestran los siguientes ejemplos, los funcionarios del Departamento de Transporte canadiense pueden evaluar el riesgo para la seguridad marítima en función de criterios subjetivos y arbitrarios. Los párrafos 509b IV y V de la normativa disponen que la autorización será denegada a toda persona que se compruebe o sea sospechosa de: (IV) “ ser o haber sido miembro de una organización conocida por o sospechosa de haber participado o contribuido a actividades encaminadas o que apoyan amenazas o actos de violencia contra personas o propiedades, o haber o estar implicados o contribuir o haber contribuido a las actividades de dicho grupo…” o (V) “ estar o haber estado asociado con una persona de la cual se sabe o se sospecha razonablemente que ha estado implicada o ha contribuido a las actividades referidas en el subpárrafo (i) o ser miembro de una organización o grupo referido en cualquiera de los subpárrafos de (ii )a (IV)…”

3. Falta de garantías en cuanto a la protección de los datos

El gobierno federal no indica quién accederá a los datos recopilados y para qué serán utilizados. Tampoco garantiza que la información personal estará preservada de abusos.

4. Falta de transparencia e independencia en el propuesto proceso de apelación

Todo aquel que resulte desautorizado en el proceso de investigación no tiene posibilidad de hacer ningún recurso, excepto escribir un alegato y remitirlo al ministro federal de Transportes y a la nueva Oficina de Reconsideración del Ministerio de Transporte Canadiense. Esta oficina examinará el alegato y recomendará directamente al ministro de Trabajo cómo proceder.

5. Un riesgo considerable para la competitividad de los puertos canadienses

Los retrasos y la incertidumbre que provocará el proceso de autorización propuesto podrían limitar la capacidad de la industria marítima para responder a las demandas de los clientes canadienses e internacionales. El proyecto de normativa podría agravar los atrasos y atascos de tráfico en nuestro ya presionado sistema y podrían provocar una huida de las compañías a los puertos situados al sur de la frontera.

A la búsqueda de soluciones equitativas

El personal portuario de Canadá comprende que nuestra seguridad personal y nuestro modo de vida dependen de una industria marítima segura y próspera. Saludamos las oportunidades que nos han brindado de participar en las deliberaciones con el gobierno federal y con representantes de la patronal, con la esperanza de llegar a un consenso. Después de más de un año y medio de deliberaciones, no hemos alcanzado consenso con el gobierno, si bien, en el momento de escribir estas páginas, el Ministerio de Transporte continuaba examinando las aportaciones de los interlocutores sociales.

Los sindicatos y la patronal coinciden en varias estrategias que, según creen, garantizarán la seguridad de nuestros puertos, a la vez que protegerán la competitividad económica y los derechos constitucionales del personal. Entre éstas, cabe destacar:

Mejor aplicación de la ley

La industria marítima apoya la introducción de nuevos recursos para hacer cumplir la ley, a fin de fortalecer las operaciones conjuntas existentes y trabajar codo con codo con la industria en la defensa de la seguridad marítima.

Criterios definidos en el proceso de autorización

Pedimos al Ministerio de Transportes que defina más claramente los criterios y los argumentos por los que se adoptan decisiones en el proceso de autorización, a fin de dar seguridad y justicia a los portuarios.

Un proceso de apelación accesible y armonizado

La industria marítima apoya un proceso de apelación accesible y armonizado que utilice los mecanismos existentes, como el Tribunal de apelaciones del transporte de Canadá. Esto podría llevarse a cabo introduciendo una enmienda en la Ley sobre Seguridad del Transporte Marítimo que instauraría un proceso de apelación independiente y transparente para el personal portuario.

Por ahora, el ministro de Transportes parece que ha decidido dejar en compás de espera el PAZRIM. El Consejo de Trabajadores Marítimos Canadienses y las agrupaciones de empresarios reclaman que continuen las negociaciones y tienen previsto seguir colaborando con todos los partidos políticos para garantizar un resultado final aceptable.

Tom Dufresne es presidente de la ILWU, Canadá.