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No a la violencia en el trabajo

6 agosto 2006

El Comité de Transporte Urbano identificó hoy como prioridades de su programa de trabajo para los próximos cuatro años la salud y la seguridad, la política de transporte público y las compañías multinacionales.

La violencia, aunque aparece con múltiples niveles y gravedad, es un problema creciente para la mayoría de los miembros de sindicatos. Varios conferenciantes precisaron que la desregulación o a la falta de regulación ha exacerbado, y en algunos casos, creado el problema. Estas son las repercusiones de la competencia desatada por las rutas entre choferes, o el declive del nivel de servicios que hace estallar las agresiones entre los pasajeros descontentos.

Los choferes siguen siendo blanco de agresiones porque transportan dinero en efectivo y porque carecen de sistemas de protección como los circuitos cerrados de TV. Aunque, la principal razón, radica en el escaso nivel de personal.

Por otra parte, la reunión aceptó la necesidad de adaptar su modo de trabajar y su estructura a la realidad del transporte público de los países en desarrollo —que se suele caracterizar por la fragmentación, por basarse en emprendedores individuales y por carecer de tradición de servicios prestados por el Estado.

Las delegaciones expusieron sus experiencias con la privatización de los servicios de pasajeros, y la amenaza que ésta supone para el acceso ciudadano a los servicios, sobre todo de áreas rurales. Los ferrocarriles alemanes, por ejemplo, han invertido después de la privatización enormes sumas de dinero para adquirir nuevos vehículos y nuevas líneas. Sin embargo, los niveles de dotación han caído un 50% desde 1996; y las multinacionales están empezando a penetrar en este mercado.

Las delegaciones europeas describieron la colaboración que mantienen y la influencia significativa que han logrado tener sobre los proyectos de legislación liberalizadora en su proceso hacia el Parlamento Europeo. Stefan Heimlich, de Ver.di, se refirió a la jornada de acción en 10 países coordinada por los sindicatos. En junio, los ministros de Transportes de la Unión Europea decidieron volver a introducir normas sociales, que pueden ser impuestas por las autoridades locales.

“Esto demuestra lo que podemos conseguir si colaboramos,” explicó. “Es fundamental que acordemos las bases para ejercer presión a escala nacional y europea.”

Alejo Mara Sayas, de la National Transport Workers’ Union de Filipinas, puso el acento sobre el reto de sindicar al gran número de trabajadores y trabajadoras no organizados, informales, empleados en los servicios de transporte público de los países en desarrollo.

Jane Barrett de SATAWU trajo a colación el éxito de un proceso de “colectivización” en curso en algunas partes de Sudamérica, donde la oferta de servicios públicos, igual que en la mayoría de países africanos, está enormemente fragmentada y dominada por emprendedores individuales.

Esta iniciativa también ha sido adoptada en Tanzania y ha conseguido introducir una reglamentación y un cierto grado de consolidación de los servicios prestados: “Se ha logrado la protección de empleos, la reducción de las tarifas, el aumento de los salarios e incluso un incremento en el volumen total de beneficios.”

Barrett solicitó que el Comité amplíe oficialmente su mandato para examinar los problemas del transporte público en áreas rurales. Ella fue una de de varios conferenciantes que alentaron a los miembros del Comité a concentrarse en asuntos medioambientales.

“Tenemos que relacionar la importancia del transporte público con la estrategia para salvar al mundo del calentamiento global,” concluyó.

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