La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina declaró la inconstitucionalidad del capítulo laboral antisindical del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el Gobierno de Milei e hizo lugar al reclamo presentado por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA).
Milei anunció el DNU en 2023 en un intento por suprimir la legitimidad de los sindicatos en la defensa de los derechos humanos y laborales, reducir el activismo sindical y socavar las condiciones laborales y la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras.
El recurso interpuesto por la APA, afiliada a la ITF, implica que el DNU no puede aplicarse a las cuestiones del trabajo, dado que los derechos laborales tanto individuales como colectivos gozan de protección y garantías constitucionales.
Gabriel Mocho, secretario de la Sección de Aviación Civil de la ITF, afirma: “Actualmente, en Argentina, los derechos humanos y laborales están en peligro ante los intentos de Milei de introducir e imponer políticas antisindicales. No obstante, nuestras afiliadas, con el apoyo de la ITF, no permitirán que se echen por la borda tantos años de lucha sindical”.
Edgar Díaz, secretario regional de la ITF, declara: “Aplaudimos las acciones iniciadas por nuestra afiliada, la APA, que ha dado un ejemplo de determinación y lucha por preservar los derechos laborales. Nuestras afiliadas argentinas están atravesando un momento difícil, pero la ITF les ofrecerá su solidaridad y estará presente a cada paso del camino para brindar apoyo a los compañeros y las compañeras en su lucha”.
El ahora suspendido DNU también estipulaba la privatización de empresas estatales, como ocurrió recientemente con Aerolíneas Argentinas.
Preocupadas por el futuro de las aerolíneas, las afiliadas de la ITF APA, APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas) y UPSA (Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales) han realizado varias protestas contra la propuesta de privatización y continúan luchando para proteger los empleos en la aviación civil.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo estimó los recursos de amparo presentados por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Argentina (CTA) contra esta reforma y dictó su suspensión temporal.
